Padecimiento que experimenta la víctima de un delito como consecuencia de las relaciones que, necesariamente, tiene que mantener con el sistema judicial y policial para la tramitación del proceso penal. Estos padecimientos son inevitables pero es obligación del Estado dictar normas que intenten minimizarlos. Para ello es esencial la formación y sensibilidad de quienes participan en el proceso y una legislación que evite actuaciones duplicadas o inútiles.